
Por: Abril Victoria González
Tenía que tratarse del fin del mundo para que nos interesáramos. Quien diga que ahora dedica el mismo tiempo a leer noticias que hace tres meses miente. Sea por consumo incidental o no, desde que empezó la cuarentena y se declaró un Estado de Emergencia por el Covid-19, el miedo nos ha llevado a informarnos.
Es así como llegué al tema de esta columna, leyendo una noticia: “Covid-19: Penas de muerte vía Zoom y otros impactos de la justicia”. El título es cuando menos impactante, la justicia al igual que todos los sistemas que conforman nuestra sociedad se está reinventando, no hay alternativa. El problema reside en que dicha reinvención, se está tardando demasiado y la justicia no espera.
Las imágenes de las cárceles en El Salvador y Nicaragua han recorrido el mundo. En la gran mayoría de las cárceles latinoamericanas el distanciamiento social es imposible, nos encontramos ante: hacinamiento, insalubridad y degradación humana. En Colombia, Chile y Nicaragua se han trasladado miles de prisioneros a arresto domiciliario y se le ha dado prioridad a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Mientras tanto, El Salvador, que además es el país con la segunda tasa de presos per cápita más alta del mundo, lleva décadas luchando contra pandillas que atentan contra el orden público. Entonces: ¿que aumente la violencia o que aumenten los casos de Covid-19?
La justicia enfrenta un verdadero reto y el impacto social resultará en impacto político. Ahora bien, los sistemas judiciales han tenido más impactos como lo son las detenciones arbitrarias y la reducción de servicios judiciales.
En este momento hay individuos que están esperando un juicio que no llegará en un momento cercano, ¿está en su “destino” padecer Covid-19? Parece ilógico, absurdo. El hacinamiento y la falta de acceso condena a los presos a la enfermedad y a la muerte si es el caso. No hay nada más poderoso para restringir la libertad que el Estado y ahora no se restringe únicamente la libertad sino con ella la salud. La justicia también implica que todos puedan tener acceso a la salud.
El presidente Bukele no ha anunciado una política oficial para la liberación de presos pero el tiempo corre, la “bomba de tiempo” no espera. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad del Estado y la rama judicial, que tiene el gran reto de seguir funcionando. Es cierto que en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó algunas medidas para prestar el servicio de administración de la justicia, pero algunos factores como la resistencia al uso de nuevas tecnologías, la incomprensión de la oralidad, la falta de conexión a internet, entre otros, nos demuestran una vez más que el desempeño no es el mismo y la justicia no está siendo garantizada.
La virtualidad excluye a un montón de personas. Afortunadamente este no fue el caso del general Arias Cabrales, condenado por los hechos durante el operativo del Ejército para retomar el control del Palacio, a quien la JEP le concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Hay quienes por siempre juzgarán la decisión, yo por mi parte agradezco que haya justicia. Qué contradictorio sería no concederle la libertad mientras en el congreso se sientan verdaderos asesinos impunes. Pero bueno, así somos y la vida es, cuando menos, contradictoria.



